En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, comprometida con la defensa de los derechos humanos fundamentales de las migrantes, así como con la erradicación de todas las formas de violencias ejercidas contra las mujeres; nos posicionamos ante el actual contexto de crisis y las medidas tomadas por el Gobierno en los últimos meses.

Los actuales escenarios sociales, políticos y económicos por los que atraviesa España han devenido en una precarización de las condiciones de vida de la población. Es necesario señalar que más de la mitad de dicha población, es decir las mujeres, dadas las condiciones de desigualdad de género y los valores del actual sistema patriarcal, experimentan de forma exponencial los efectos negativos de la crisis económica y social. Sin embargo, no todas las mujeres experimentan estas opresiones de la misma forma, las mujeres inmigrantes además tienen que afrontar el endurecimiento de las políticas migratorias, la precarización de las condiciones laborales; siendo constante la violación de sus derechos humanos fundamentales.

Ante este panorama, nosotras desde La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España nos pronunciamos en contra de:

· Las múltiples formas de violencias que sufren las mujeres y niñas en la sociedad patriarcal y machista.

· El alto incremento de la tasa de desempleo, sumado a la salvaje precarización de las condiciones laborales legitimadas por la Reforma Laboral aprobada por el actual gobierno.

· El incumplimiento generalizado por parte de empleadores/as de la nueva norma de regulación del empleo del hogar, el incremento de los despidos, así como la reticencia de los mismos a dar de alta a las empleadas en el sistema de la seguridad social, lo cual ocasiona que muchas trabajadoras no puedan cubrir uno de los requisitos exigidos para la renovación de sus tarjetas de residencia y trabajo. Condición que las condena a una situación de irregularidad jurídica sobrevenida y a incorporarse al 45% de trabajadoras del hogar en la economía sumergida.

· La inhumana exclusión de la población inmigrante en condición administrativa irregular del acceso al derecho a la salud. Convirtiéndose este estado en un flagrante violador de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos al poner en riesgo las vidas de aproximadamente más de 500.000 personas.

· Las políticas migratorias de la unión Europea que criminalizan a la población inmigrante, fomentando acciones persecutorias que violentan los derechos humanos, tales como las redadas y controles racistas, los Centros de Internamiento de Extranjeros y la cada vez mayor obstaculización en los procedimientos de obtención y renovación de tarjetas de residencia.

· La profunda fractura social producida por el incremento de la desigualdad. La subida del IVA del IRPF, de las tasas educativas y el tarifazo de los transportes. Medidas que nos están empobreciendo cada vez más mientras se favorece a defraudadores y especuladores.

· El terrible desmantelamiento de derechos y prestaciones sociales relacionadas con el cuidado y bienestar de los individuos, que dado el contexto de desigualdad de genero aumentan la carga de trabajo y responsabilidades para las mujeres., impidiendo así su pleno desarrollo e incrementando la brecha de género. Situación que se agrava para las mujeres inmigrantes quienes conforman la parte central de las cadenas globales de cuidados.

· La generalización de discursos y prácticas represoras y retrógradas, que se excusan en la crisis económica para impulsar medidas que atentan contra las libertades de las mujeres y violentan sus derechos.

· La desprotección total en la que quedan las más de 600 familias que diariamente son desalojadas de sus hogares a razón del fraude hipotecario promovido por los bancos. Entre ellas familias migrantes, que no pueden contar con el apoyo solidario del “colchón familiar”, viéndose en una situación mayor de vulnerabilidad y desesperanza.

Por lo tanto exigimos:

· El cumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos humanos, laborales, económicos y sociales de las mujeres que vinculan al Estado Español.

· La ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, con el que se garantizara el cumplimiento de la norma actual de empleo del hogar.

· El cierre de los CIES y la penalización de acciones xenófobas y racistas.

· Una reforma profunda, justa y que represente una verdadera solución para las familias afectadas por el fraude hipotecario.

· La derogación del Real Decreto/ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora la calidad y seguridad de sus prestaciones; que contempla la negación del derecho a la salud a las personas en situación irregular.

· El cese de todo tipo de discriminación y violencias contra las mujeres inmigrantes que impiden el pleno ejercicio de sus derechos.

· Una política integral y efectiva de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Así como justicia pronta y expedita para las mujeres víctimas de violencia de género.

· El respeto del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos.
La adopción de medidas que persigan con mayor efectividad a quienes se lucran de la explotación sexual comercial y de la trata de mujeres, niñas y niños.