Agradecemos la cobertura de EL DIARIO. COM 

Es evidente que el actual escenario sociopolítico y económico español ha servido de excusa para acentuar la precarización de las condiciones de vida de la población en general. Pero la repercusión ha sido aún mayor en la población inmigrante y, en particular en las mujeres, que tenemos que afrontar el endurecimiento de las políticas migratorias con especial dureza.

La ley 1620/2011, que en teoría incorporaba mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, en la práctica, y debido además a la actual crisis económica, se ha traducido en la excusa perfecta para el retroceso en nuestros derechos.  

Según fuentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo el  10% de las 53 millones de trabajadoras domésticas en todo el mundo (si bien  también hay varones, el 90% de este sector lo componen mujeres), tienen regularizados sus derechos laborales. En España, la precarización de nuestras condiciones laborales ha ocasionado la disminución de salarios;  más horas de trabajo; tener que pagarnos nosotras mismas la cuota de la Seguridad Social; no cobrar pagas extras o estar expuestas a despidos por desistimiento (voluntad unilateral) del empleador/a, entre otras cosas. Además, a las mujeres migradas se nos expone a la irregularidad sobrevenida, que a su vez nos excluye del sistema de salud público.

Desde nuestra organización hemos podido observar que cada vez se contratan más mujeres migrantes en régimen de internas para el cuidado de personas mayores, a las que sus familiares no pueden atender. La precariedad laboral que se produce en este tipo de contratación es aún mayor: salarios que no se corresponden con las largas jornadas de trabajo; el incumplimiento reiterado de lo pactado en el contrato; la negativa de los empleadores a efectuar el pago de las cuotas de la Seguridad Social o  la no concesión de permisos para acudir a una cita médica o para atender emergencias familiares. La lista de situaciones se vuelve interminable, llegando, en algunos casos, a constituir formas modernas de esclavitud, sobre todo cuando amenazan a las trabajadoras extranjeras indocumentadas con denunciarlas ante la policía si no aceptan las, a veces inhumanas, condiciones de trabajo.

Estamos convencidas de la importancia de nuestro trabajo y,  por eso, lo único que queremos es la igualdad de derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras de España. Esto significa el derecho a la prestación por desempleo, al fondo de garantía salarial, el poder ejercer plenamente el derecho a la sindicalización y a un convenio colectivo y  facilitar la inspección de trabajo para que el Estado pueda supervisar de manera eficaz nuestras condiciones de trabajo.

Para ir avanzando en la consecución de este objetivo, se podría empezar por algo tan sencillo como la ratificación por España del Convenio 189 OIT, recomendada por el mismo director de la oficina de la OIT en nuestro país, y que hace un año presentó ante el Congreso de los Diputados. A día de hoy, este convenio ha sido ratificado ya por 17 países, entre ellos solo cinco europeos: Alemania, Italia, Irlanda, Finlandia y Suiza.                                                                            

Estamos cansadas de ser “la chacha”, la sirvienta, la esclava.. También somos personas con necesidades, con familias, con sentimientos. Queremos dejar de ser tratadas en desigualdad porque merecemos ser tratadas con dignidad.