Presidente de Gobierno, Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Excmo. Sr. José Luis Escrivá
Ministra de Igualdad, Excma. Sra. Irene Montero Gil
Defensor del Pueblo, Excmo. Sr. Francisco Fernández Marugán Madrid, 17 de abril de 2020.
“La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho primario) aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad)”. José Saramago 1998.
Las organizaciones de mujeres migrantes que suscriben, demandamos la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA, que garantice la igualdad que el Estado de Derecho requiere para el pleno desarrollo de las personas, las familias, la comunidad y la reconstrucción del país.
Actualmente, se calcula entre unas 400.000 y 600.000 las personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular. Esta estimación resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal (basada en el empadronamiento) y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia, arrojados por el Observatorio de la Inmigración. Entre las personas en situación administrativa irregular se encuentran personas afectadas por procesos de irregularidad sobrevenida fruto de la pérdida temporal de empleo o de su inserción en empleos muy precarios, desregulados o en la economía sumergida; niñas y niños migrantes o nacidos en España, de madres y padres extranjeros, que no han podido regularizar su situación; personas residentes con menos de tres años de empadronamiento; personas a las que les ha sido denegada una solicitud de protección internacional en cualquiera de sus formas; personas cuya solicitud de regularización se ha ralentizado por la excesiva burocratización de los procedimientos, entre otras.
La crisis sistémica del 2008 arrasó con los sueños de cientos de miles de personas, entre ellas mujeres migrantes, a quienes les fue imposible renovar sus autorizaciones de residencia y de trabajo debido a la pérdida de sus empleos o a su expulsión hacia sectores laborales de la economía sumergida. Es necesario recordar que la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo requiere obligatoriamente, durante los primeros años, un contrato laboral formal, tal como estipula la Ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla.
En muchos de estos casos, la irregularidad sobrevenida de estas mujeres ha afectado de manera directa a sus hijos e hijas, dejándoles en situación de extrema vulnerabilidad. También en muchos casos, estos hijos o hijas han nacido en España, pero no son españoles. La situación administrativa irregular de menores de edad cercena su futuro y pone en cuestión los conceptos de ciudadanía y de igualdad de derechos.
A estas situaciones de irregularidad administrativa y negación de la igualdad y la ciudadanía, se suma, en la actualidad, la terrible crisis sanitaria, económica, social y familiar provocada por el COVID 19, que pone al descubierto la precariedad y vulnerabilidad de la vida de todas las personas que habitamos este país, pero en particular la de las familias migrantes. Una parte importante de las mujeres migrantes trabaja en el sector del empleo de hogar y de los cuidados, algunas han sido despedidas de inmediato, otras continúan realizando su trabajo sin la protección profiláctica necesaria. Pese al lugar esencial que los cuidados están cobrando en nuestra sociedad, el Real Decreto 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, para que Nadie Quede Atrás, no las ha tenido en cuenta.
La aprobación de un Real Decreto de emergencia para la regularización administrativa de las personas extranjeras en España reduciría la extrema vulnerabilidad de mujeres migrantes en situación de prostitución, mujeres víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o laboral quienes sufren las consecuencias de un mayor encierro, ocultamiento, violencia y control por parte de sus explotadores. Mujeres migrantes que están encerradas en sus hogares con hombres maltratadores, sin poder denunciarles ni huir de la violencia.
La situación administrativa irregular endurece aún más estas condiciones de vida en la medida en que no permite que las personas que las padecen puedan pedir ayuda, por temor a ser expulsadas. A todo esto, se añade el incremento exponencial del control policial, que impide que las personas migrantes sin autorización de residencia puedan salir a la calle en busca de lo más esencial para sus vidas: la compra de alimentos. Los procedimientos de regularización administrativa están completamente paralizados desde que comenzó la crisis.
Dada la dureza de estas situaciones DEMANDAMOS la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA, que garantice que ningún ser humano se quede afuera.
España, como Estado Social y de Derecho, miembro de la Unión Europea, está obligada al cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en la que la solidaridad, la igualdad y la no discriminación son sus principios fundamentales (TFUE, art.3). “Más Europa” y “más comunidad” es el llamado del Gobierno cada día. Una comunidad se forma a partir de la contribución de todos sus miembros, en aras a su propia reproducción social. Las personas extranjeras residentes en España estamos integradas en el mercado laboral, en sectores que hoy en día han demostrado ser esenciales para su sostenimiento. Sin embargo, la negación de la ciudadanía residencial de una parte importante de nuestra comunidad lleva implícita la falta de reconocimiento de la contribución social, económica, laboral y demográfica que realizamos. También conlleva la falta de reconocimiento de derechos que son fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho de vivir en familia, el derecho de poder cuidar de las personas dependientes dentro de ésta, el derecho de asegurar un futuro para los niños y las niñas, el derecho a un trabajo digno o el derecho a una vida libre de violencia. La negación de derechos fundamentales a una parte de nuestra comunidad es intolerable en un Estado Social y de Derecho como es España.
Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 C.E); y recordar que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10 C.E.).
Las limitaciones que impone la Ley de Extranjería al reconocimiento de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, o los procedimientos tan exigentes para la regularización y la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo expone a las personas migrantes a la indefensión, no sólo frente a una pandemia –como es el caso actual-, sino también frente a la explotación laboral, la violencia de género, la violencia institucional, la invisibilidad o la xenofobia.
Es necesario que el Estado español ponga en marcha los principales instrumentos y herramientas que el orden constitucional le otorga, en el marco del estado excepcional en el que nos encontramos, para el reconocimiento de la residencia de las personas migrantes en situación administrativa irregular, incluidos los niños y las niñas, fundamentado en los Derechos Humanos, en el Tratado de la UE, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución Española.
Dicho procedimiento administrativo de regularización extraordinaria debe aprobarse bajo los criterios de urgencia, simplificación, flexibilidad y seguridad jurídica.
El Gobierno de España tiene en sus manos la oportunidad de ser coherente y transitar por un camino de justicia social, dignidad humana e igualdad. El actual estado de emergencia sanitaria nos está haciendo reflexionar sobre lo que es realmente importante para el ser humano y la sociedad y nos exige cambios en los modos de vida y de producción. Las personas integrantes de nuestra Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, las organizaciones aliadas y otras mujeres migrantes a título personal, como ciudadanas de este país, consideramos que el momento es ahora y el criterio es la salvaguarda de todas las vidas, así como su dignidad.
Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Tatiana Retamozo Quintana, presidenta. Asociación Servicio Doméstico Activo. Carolina Elías Espinoza, presidenta.
Asociación Malen Etxea Mujeres Inmigrantes. Jessica Guzmán Correa, presidenta. Asociación Mujeres Pa´lante. Clara Romero Bateman, presidenta.
Asociación Malen Etxea Mujeres Inmigrantes. Jessica Guzmán Correa, presidenta. Asociación Mujeres Pa´lante. Clara Romero Bateman, presidenta.
Asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Antonia Avalos Torres, presidenta.
Asociación Casa de Colombia en España. Erika Sarmiento Castiblanco, presidenta. Asociación de Mujeres Latinoamericana Amalgama. Iskra Orillo Valencia, presidenta.
Asociación Por Ti Mujer. Lucy Polo Castillo, presidenta.
Asociación GENERA-Red de mujeres feministas por la equidad de género en el desarrollo. Inmaculada Lozano Caro, presidenta.
Asociación Estudios y Cooperación para el Desarrollo. Silvina Monteros Obelar, presidenta.
Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta. Colectivo Brujitas Migrantes. Yamileth Chavarría Mendieta, presidenta.
La Comala, sociedad Cooperativa Madrileña. Mercedes Rodríguez Ávila
Colectivo Red de Hondureñas Migradas. Gilma Martínez Rodríguez, presidenta. Colectivo Mujeres Migrantes Artistas y Artesanas en España. Rosalía Polo Burgos, presidenta.
Asociación Movilidad Humana, representante, Katia González
Asociación Movilidad Humana, representante, Katia González
Mujeres a título individual que conforman la RED Latinas: Susana Pozo, Alicia Escobar, Patricia Ponce Pascuale, Virginia Etcheverry Guerin
Asesora Jurídica, abogada, María Alexandra Vásquez
Asesora Jurídica, abogada, María Alexandra Vásquez
Organizaciones aliadas que apoyan el comunicado 👇👇👇
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