El pasado 16 de julio pudimos escuchar de primera mano la experiencia de la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador en un conversatorio con Alejandra Burgos, activista feminista en  la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. El acto,   en el que participaron unas 30 mujeres autóctonas y latinoamericanas, fue coorganizado por Calala Fondo de Mujeres y la Red de Mujeres Latinoamericanas  y del Caribe en España (uno de los grupos que apoyamos) y se celebró en el local de la Asamblea Feminista de Madrid.

En El Salvador el aborto está penalizado en todas sus formas y esto trae gravísimas  consecuencias en las vidas de las mujeres. Desde 2000 a 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado. De éstas, 49 fueron condenadas con penas de hasta 40 años de cárcel. Ahora mismo hay en marcha una campaña para solicitar el indulto a 17 mujeres que están  cumpliendo condena y han agotado sus posibilidades de recurrir  la sentencia. De acuerdo con la investigación “Del hospital a la cárcel”, explica Alejandra Burgos, la mayoría de las 129 mujeres denunciadas por aborto o por homicidio agravado estaban en una situación de alta vulnerabilidad social, por ser mujeres jóvenes, con un nivel de escolaridad bajo, falta de acceso a servicios médicos de calidad  e ingresos muy bajos. La mayoría son denunciadas por los propios servicios públicos de salud, ya que el personal médico siente que tiene que denunciar para no verse implicado en el supuesto delito, lo que viola el secreto profesional. Alejandra nos recordó que la penalización absoluta no evita que se produzcan abortos, sino que éstos continúan practicándose en condiciones de insalubridad e inseguridad para las mujeres.Sigue CRONICA