POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES
NO SOMOS ILEGALES, SOMOS PERSONAS
MUJERES MIGRANTES VISIBLES Y CON DERECHOS
#MujeresMigradasConDerechos
Hoy, 18 de diciembre, Dia Internacional de las personas migrantes, la RED de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, junto a diversas organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones vecinales, movimiento feminista, diversos colectivos, Ongd; nos hacemos presentes –una vez más- para manifestar y denunciar las distintas formas de violencias que nos atraviesan. Nuestras demandas son desoídas y postergadas generando un déficit de nuestra ciudadanía, y colocándonos en una situación subalterna.
Nosotras las mujeres migrantes no somos seres vulnerables o frágiles sino personas que estamos siendo vulnerabilizadas por las estructuras económicas, las políticas y las normativas, que obstaculizan nuestro acceso a los derechos de ciudadanía. Bien al contrario, nos entendemos como personas valientes, fuertes, inteligentes, capaces, luchadoras, emprendedoras y diversas, quienes sin embargo experimentamos dificultades de muy diversa índole derivadas de estatutos jurídicos discriminatorios, como el que nos califica de “legales” o “ilegales”.
La intersección de nuestra extranjería con el género, la clase social, la discapacidad, la situación administrativa y laboral, el idioma, la religión incrementa las condiciones de vulnerabilidad con efectos graves de desigualdad.
Los efectos evidentes de esta intersección son, entre otros, la sobre representación de mujeres inmigradas en determinados sectores laborales, tales como el servicio doméstico (sobre todo como internas), la limpieza, los cuidados, la Ayuda a Domicilio, o los servicios geriátricos en residencias de mayores; en situaciones de explotación laboral (sin contratos, sueldo precarios, jornadas laborales abusivas) y una gran dificultad para acceder a otros trabajos mejor reconocidos socialmente y mejor pagados, la discriminación y el racismo.
Otro de los efectos es la sobre exposición a la violencia machista que se agrava en mujeres en situación irregular. En el año 2016 de 44 mujeres asesinadas por violencia machista el 43% (19) eran mujeres migrantes; cuando somos el 9% de la población femenina en el país. En tal sentido nos llama poderosamente la atención que, de las 213 medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, las medidas específicas para mujeres migrantes son prácticamente inexistentes.
Mujeres migrantes se ven imposibilitadas de reagrupar a sus hijos e hijas porque no pueden renovar su tarjeta de residencia; algunas migrantes víctimas de la violencia de género experimentan la situación dolorosa de no poder mostrar ingresos y/o estabilidad económica para asumir la custodia de sus hijas e hijos, que finalmente son llevados a centros de menores.
La desprotección de las mujeres trabajadoras del hogar internas sin contrato de trabajo, que las convierte en “ilegales”, recrudeciéndose la violencia sexual en mujeres trabajadoras del hogar.Mujeres trabajadoras del hogar, internas que sufren situaciones de acoso sexual sin que éstas sean visibilizadas y denunciadas por el temor a quedarse sin empleo y sin ingresos y el “cuestionamiento” y descalificación de su testimonio frente al del empleador.
Situación de supervivencia y/o de precariedad que limita la participación social y ciudadana de las mujeres migradas, sumado el debilitamiento de los espacios asociativos, que aumenta riesgo de aislamiento social.
El obstáculo para solicitar asilo y refugio, las devoluciones en caliente, las redadas racistas, la privación de libertad en los CIES (Centro de Internamiento de Extranjeros), la retirada de la tarjeta sanitaria denegando el derecho básico a la salud; por no tener “papeles en regla”.
Demandamos:
· Que la situación administrativa de las personas migrantes no se convierta más en un obstáculo para el acceso y el ejercicio de sus derechos.
· Que la renovación de la tarjeta de residencia no esté ligada a un contrato generando una irregularidad sobrevenida.
· Que se cumpla sin dilaciones ni excusas, el aumento en 200 millones de euros en 2018 la dotación para actuaciones de la Administración central, autonómica y local, esta última donde se podrá incorporar medidas específicas para mujeres migrantes.
· Que se habilite el mecanismo de participación de las organizaciones de sociedad civil, en especial feministas y migrantes, para el seguimiento del Pacto de estado en materia de VG
· El apoyo institucional a la promoción de redes comunitarias que brinden acompañamiento integral a las mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Fortaleciendo sus habilidades y capacidad de resiliencia con una perspectiva intercultural.
· La necesidad de una revisión general de los sistemas de registro de la violencia de género, ampliar las categorías estadísticas que nos permitan medir el impacto real de todas las violencias contra las mujeres, incluyendo a mujeres migrantes.
· Llevar a cabo estudios sobre la situación de mujeres lesbianas migrantes en España que podrían padecer violencia de género.
· Revisar la articulación entre Ley de Extranjería, Ley de Igualdad y Ley contra la violencia de género con el objeto de desarmar la discriminación de facto que se produce hacia las mujeres migrantes en general y hacia las mujeres migrantes sin documentación en regla en particular.
· Mayor formación y sensibilización con perspectiva intercultural dirigidos al personal de los sistemas de salud, educación y operadores de justicia.
- La ratificación del convenio 189 OIT “Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.
- Desarrollar políticas y adoptar medidas para promover los derechos humanos de las personas en situación irregular. Ratificación de la Convención de los y las trabajadoras migrantes y sus famlias.
- Reconocimiento del valor social y económico del trabajo de hogar de los cuidados.
¡Queremos cambiar este sistema patriarcal y racista que nos oprime, discrimina, viola y mata!
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