El impacto de la Aplicación del RDL 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, significa para muchas mujeres migrantes a vivir en la exclusión sanitaria. Significa vivir discriminadas, con miedo, y lo más preocupante, significa un deterioro silencioso de nuestra salud física y mental, y la de nuestras familias.
Nos preocupa la situación de mujeres, que incluso teniendo documentación se les niega el derecho a cuidar de nuestros seres queridos mayores. Porque el real decreto ley no contempla la cobertura para nuestra familia descendiente. Los mayores de 75 años no logran acceder a la atención médica, ni siquiera pagando. A nuestros padres, madres, con permiso de residencia por reagrupación familiar les niegan el trámite a la tarjeta sanitaria. Tampoco logramos garantizar su atención a través de los seguros médicos privados. No los quieren asegurar por tener una edad avanzada o por los altos costos que representa comprar un seguro privado. El derecho a la salud no se puede convertir en una mercancía. Nos preocupan las trabas y demoras que se están presentando a la hora de renovar la tarjeta sanitaria y la falta de información administrativa para nuestras compañeras con permiso de residencia ¿Qué están esperando? ¿Qué caduque su permiso de residencia?
Nos preocupa la situación de compañeras que llevan residiendo y trabajando en España por más de 5 años, muchas han perdido su permiso de residencia por no tener empleo (lo que llaman irregularidad sobrevenida). Y hoy, con la aplicación de RDL 16/2012 han sido excluidas del derecho a la salud.
Denunciamos el deterioro de la salud de las mujeres inmigrantes. Por las condiciones de precariedad laboral e inestabilidad nuestras amigas expresan diversidad de dolencias. Vemos en sus rostros el miedo a enfermar, el miedo a perder el empleo, el miedo a ser rechazadas al llegar al centro de salud, el miedo a ser encerradas en un CIE con probabilidad de ser deportadas al acceder a la atención médica.
Denunciamos la situación de nuestras compañeras que no tienen documentación y sufren violencia de género u otro tipo de violencias (trata, violencia sexual, económica, acoso laboral, entre otras). La falta de permiso de residencia y trabajo, el temor a poner en peligro la renovación o a la expulsión, acrecienta las condiciones de vulnerabilidad. Además, el miedo a sus agresores, el aislamiento, la debilidad del tejido social y familiar que llevan sobre sus espaldas por ser mujeres inmigrantes, las tienen silenciadas.
Las mujeres inmigrantes demandamos igualdad de trato, aquí hemos instalado nuestro hogar, aquí trabajamos, pagamos impuestos, aquí convivimos y no es justo que se nos discrimine de esta manera. ¿Dónde queda la protección y las garantías para nuestros derechos humanos?
Agradecemos a las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan en esta exclusión, a los profesionales de la salud que han hecho objeción de conciencia, y sobre todo a los grupos de acompañamento que día a día ponen la cara ante esta vulneración de derechos.
Agradecemos a los partidos políticos presentes por suscribir la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, por expresar su compromiso electoral para garantizar el derecho a la salud pública y universal sin ningún tipo de discriminación.
No es posible retroceder en derechos humanos. Los derechos humanos son patrimonio de la humanidad. Todos y todas tenemos el deber de defenderlos.
Exigimos la derogación del real decreto ley 16/2012 por no queremos
¡Ni una muerta más!
Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España
Mujeres migrantes, visibles y con derechos.
Fotos 2 y 3 representación de la Red, nuestra compañera Mercedes Rodríguez lee nuestras palabras durante el acto.
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